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FUJIMORI, CULPABLE

Escribe:
Martín Soto Florián
Abogado PUCP y Director del Grupo Valentín

@MsotoFlorian

Se vivía una suerte de euforia colectiva. Era 7 de abril de 2009, día en que la justicia peruana declaraba culpable a Fujimori. Nada podía salir mal.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por el juez César San Martín Castro, halló culpable al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori de las masacres de la universidad La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
Fujimori, antes todopoderoso y antes casi héroe nacional, recibía 25 años de pena, de parte de aquel Poder Judicial que durante todo su régimen tuvo a su servicio.
Bajo el liderazgo del profesor Gorki Gonzales, la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP, de la que fui miembro, contribuyó con uno de los dos “Amicus Curiae” que fueron citados en la sentencia, en el frente de la autoría mediata, que fue clave para su condena.
Parafraseando a Merryman, esta sentencia constituye un pedazo de la historia de la justicia peruana, y de la República que está por venir.
“En la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación", la frase que es de Galeano, martillaba mi cabeza hace 7 años, y es su última parte la que verdaderamente importa, la que nos corresponde.
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PS.-
Aquí la “historia secreta del amicus”:
https://otraorilla.wordpress.com/…/hisotria-secreta-de-un-…/
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El equipo detrás del amicus curiae estuvo liderado por Gorki Gonzales e Yvan Montoya Vivanco, y compuesto por Ingrid DiazHeber Joel Campos y este servidor; y contó con la destacada colaboración del profesor Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid); así como con la adhesión de la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, conformada por las Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales, Chile; Universidad del Rosario, Colombia; Universidad de Córdoba, Argentina, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México.
Suscriben el documento, los juristas nacionales Enrique Bernales, Jorge Avendaño, Javier de Belaúnde, Samuel Abad y el académico Rolando Ames .

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