Fiscal ad hoc
Redacción Larana.pe Nota publicada en semanario Hildebrandt en sus trece
Pero el fiscal Wils Gonzales Morales no cumplió con la orden. Durante los 18 meses que tuvo para recabar las evidencias no movió un dedo. No se revisaron los expedientes técnicos para tratar de dilucidar de dónde salió el medio millón de soles que costó levantar el spa que se construyó dentro del Pentagonito, situado en San Borja. No se tomó declaración a Félix Moreno, ni se procedió a levantar el secreto de las comunicaciones o el bancario.
Preocupado por la dejadez del fiscal, a principios del 2016 el procurador Herrera Yactayo envió una carta confidencial a la fiscal Vizcarra para informarle que Gonzales Morales no había realizado ocho diligencias importantes para el caso. “No se ha requerido el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, comunicaciones de Rubén Tello Ccasani, Jhon Rojas Montes y Hernán Revoredo, ni se ha requerido una pericia técnica valorativa para saber los costos reales (de la obra)”, se lee en una parte del documento de Herrera. Tello, Rojas y Revoredo, los tres personajes señalados en la carta del procurador, son aquellas personas que, según Moreno, donaron el dinero para edificar el spa. La sospecha, sin embargo, es que el gobernador regional dispuso irregularmente de dinero de las arcas del Estado. En la misiva el procurador también recomendaba que el caso fuera cambiado a un fiscal “más competente”.
La propia Vizcarra pudo comprobar, a través de una inspección a las fiscalías a su cargo, que Gonzales había obviado varios procedimientos formales de investigación e informó a la oficina de Control Interno. Sin embargo, esta instancia tampoco tomó cartas en el asunto para cambiar la situación. “Desde ese momento la fiscal superior intentó sacar el caso de ese despacho y asignárselo a otro, dirigido por Hugo Hermoza Orozco, pero el fiscal Gonzales siempre se quejaba de eso en el Ministerio Público de Lima y todo quedaba igual”, relata una fuente del Ministerio Público.
Recién en agosto pasado, a punto de vencer el plazo para llevar a cabo investigaciones preliminares, el caso fue asumido por el despacho de Hermoza Orozco. Por el poco tiempo disponible, al fiscal no le quedó otra opción que enviar el expediente Nro. 1345 al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dirigido por Roque Huamancóndor, requiriendo que se archive la cuestión. Será precisamente este juez quien tenga la última palabra sobre el asunto.
Además de Félix Moreno, en este caso también están involucrados Hernán Revoredo Castañón, mano derecha de Moreno, y los generales EP Paul Da Silva Gamarra y Antenor Caballero Méndez.
Pero no sería la primera vez que la actuación de Wils Gonzales Morales ha puesto en peligro un caso que involucra a altos funcionarios del Callao. Gonzales también estuvo a cargo de la denuncia por la presunta venta subvaluada de un terreno de 70 mil metros cuadrados a la inmobiliaria ESTEFANIA S.A.C. La operación de compraventa había ocasionado un perjuicio económico al Estado de 30 millones de soles. Coincidentemente, este caso también tiene como implicado a Félix Moreno y fue archivado inicialmente por la mano de Gonzales en el 2014, siendo rescatado por la fiscal Vizcarra, quien ordenó realizar investigaciones preliminares por presunta colusión agravada.
De acuerdo a declaraciones hechos por Víctor Huarancca, uno de los autores de la denuncia, Gonzales Morales también habría torpedeado dicha investigación. “En vez de acopiarlas, lo único que hace es desacreditar las pruebas que aparecen para encubrir a Moreno”, señaló Huarancca, quien agregó que los peritos que hicieron la tasación de los terrenos de Oquendo fueron amedrentados por el fiscal.
Las denuncias periodísticas propiciaron que Control Interno de la Fiscalía tomara cartas en el asunto y ordenara una investigación al desempeño de Gonzales luego de haber sido acusado de “poner trabas en el proceso”.
Un tercer caso muy similar, que muestra una sospechosa negligencia del fiscal Gonzales, es el convenio entre la Región Callao y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) para la construcción de su nueva sede institucional. El perjuicio económico en esta obra, que fue abandonada casi sin avances sólo un año después del inicio, se calcula en 31 millones de soles. Según el colectivo chalaco “Unidos contra el Crimen”, el fiscal Gonzales no ha hecho una acusación consistente en el caso para de esta manera “facilitarle el trabajo a la defensa de Moreno y lograr que lo absuelvan”.
También está en manos del fiscal Wils Gonzales el caso de los proveedores fantasmas, que apunta como principal involucrado al alcalde del Callao, Juan Sotomayor, y a siete de sus funcionarios.
Según la denuncia, el municipio habría contratado proveedores por más de un millón de soles para el programa del Vaso de Leche pero las empresas contratadas, que ni siquiera tenían domicilio fiscal real, no cumplieron con el servicio. Desde el 2013, el caso está en investigación preliminar sin mayores avances.
Por lo pronto, la Oficina de Control Interno se encuentra reuniendo evidencia contra varios jueces y fiscales que se habrían coludido con autoridades del gobierno regional para favorecerlos en sus fallos. Además, este semanario pudo conocer que el sospechoso desempeño del fiscal Gonzales habría llegado a oídos del propio Pablo Sánchez, quien la semana pasada realizó una visita de inspección a la sede del primer puerto.
