Escribe:
Martín Soto Florián
Director del Grupo Valentín, Abogado PUCP, Chevening Scholar, MSc (c) Social Policy and Development por la London School of Economics. @MsotoFlorian
En una democracia impera la ley y las personas son tenidas por inocentes hasta que la justicia diga lo contrario. No obstante, a la corrupción hay que enfrentarla, no mirarla de costado.
Los sospechosos de siempre se esfuerzan en seguir el 'manual del corrupto' para evadir la justicia en lugar de dar cuentas ante ella y explicar de dónde provienen sus fortunas o cómo así firmaron papeles por servicios millonarios que no se produjeron. Este último parece ser el caso de los funcionarios del gobierno regional del Callao, en donde también se encuentra el general en retiro Walter Mori, ex viceministro del Presidente Alan García y actual gobernador en funciones, luego de que Félix Moreno fuese puesto tras las rejas.
¿De qué se trata? En 2011, se pagaron con dinero de los chalacos más de 6 millones de soles [cerca de 2 millones de dólares] en capacitaciones fantasma, que nunca ocurrieron o que cuando se produjeron, quien las dio no cobró nada. Estos hechos, se produjeron entre 2011 y 2012, en el esplendor de Chim Pum Callao, cuyos líderes hoy se encuentran presos por corrupción.
Es 2017 y el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativas de la Contraloría General de la República ha determinado que el gobernador encargado del Callao junto a otros 12 funcionarios tendrían responsabilidad por lo que han sido inhabilitados para ejercer la función pública por 4 y 5 años, según corresponda (aquí La República y aquí El Comercio). Ante ello, volvemos al 'manual del corrupto'.
José Luis Calderón Vargas, exgerente del órgano de la región Callao encargado de ejecutar los programas de educación, presenta un habeas corpus ante el juez Juan José Albán , del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Los Órganos, en Sullana, Piura. Lo de siempre, un funcionario que acude a un distrito alejado para pedir algo, como cuando los corruptos compran terrenos, transfieren propiedades en notarias del fin del mundo, o piden garantías o interponen acciones donde tienen 'amigos'.
Y quién es José Luis Calderón Vargas, pues por ejemplo, uno de los que está metido en la megacorrupción de la Avenida Néstor Gambetta en donde fue asesor legal y cuyo informe levanta las observaciones, lo curioso es que los anexos que lo sustentan o no existen o no acompañaron en fecha cierta al informe Informe N° 021-2011-GRC/GRI-GAMBETTA-LJCV firmado por Calderón Vargas. En este caso también esta investigado el renunciado presidente de la comisión Lavajato, el congresista fujimorista Albrecht. Recordemos lo que decía el Útero sobre el señor gerente Calderón Vargas que se fue hasta Piura a interponer una acción legal:
"La Resolución Gerencial General Regional N° 590-2011 también se apoyó en el Informe N° 021-2011-GRC/GRI-GAMBETTA-LJCV, de 19 de mayo, suscrito por Luis José Calderón Vargas, asesor legal de la Coordinación del Proyecto Gambetta, que señala que, al haberse levantado las observaciones, resulta procedente la aprobación del expediente técnico; y, en los informes N° 030-2011/GRC/GRI/GAMBETTA/CC y N° 045-2011/GRC/GRI/GAMBETTA/PCG, de 20 de mayo 2011, suscritos por Carlos Cuentas Chira, coordinador de obra, y Pedro Cano Guerrero, coordinador general del Proyecto Gambetta, respectivamente, que concluye que habiéndose levantado las observaciones se debe expedir la resolución gerencial general, a través de la cual se apruebe el expediente técnico."
El señor Calderón Vargas es además Gerente Público y en 2014 fue Subgerente Regional de la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán (aquí la Resolución SERVIR).
Lo sorprendente no es que el juez Albán haya ordernado anular todo el proceso sancionador para el exgerente que lo ha requerido, sino que ha extendido los efectos de su sentencia a los otros funcionarios y exfuncionarios chalacos sin que estos lo hayan requerido. Sorprende también que en un momento en que el país en su conjunto debe enfrentar la corrupción política, esto sea noticia sin que amerite la reacción ni de las autoridades del Poder Judicial, la OCMA y ni del elenco estable de la política.
El sentido común indica que se trata de una acción para evadir la justicia. Así, la Contraloría ha impugnado ya el fallo de tan lejana corte, pero corresponde no mirar desde el balcón, pues a la corrupción hay enfrentarla venga de donde venga, por más que las personas jueguen el juego de las sillas, pasando de una gerencia a otra, y por más que sigan el manual del corrupto, interponiendo acciones en cortes tan alejadas como la decencia que parece no les queda.
