En la Provincia Constitucional del Callao habitan más de 1 millón 400 mil personas, y su PBI creció a una tasa anual del 6,4 % entre los años 2008 y 2014, participando del 4,4 % del PBI del país, siendo las actividades de manufactura y transporte las que han concentrado más de la mitad del porcentaje del PBI de la Provincia Constitucional. Asimismo, el crecimiento de la inversión privada del 2014 al 2015 aumentó en un 7,8 % (existiendo 67 mil 633 empresas en el año 2015), teniendo como principal rubro las empresas de comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, seguido por la actividad de servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y de servicios de comidas, entre otros. (Datos según INEI de fecha 12/04/16[1])
Ahora bien, comparando los datos estadísticos proporcionados por el INEI en relación a un crecimiento económico con la realidad de los chalacos, nos preguntamos: ¿Por qué el Callao sigue siendo una ciudad sub desarrollada? ¿Por qué aún encontramos brechas de desigualdad social? ¿El tener un crecimiento económico estable donde el mercado que tiene como fin que los recursos deben ser utilizados eficientemente para conseguir los objetivos de la sociedad (asegurar la calidad de vida de la población), esto en el contexto de un Estado Social del Mercado (artículo 58 de la Constitución), es suficiente para alcanzar el bienestar general?
No, en el Callao encontramos problemas públicos complejos, como el de ineficiencia administrativa (falta de capacidad técnica), burocracia, corrupción, la baja calidad de la educación pública y esto relacionado con los escasos proyectos de investigación en los rubros de la ciencia, innovación y tecnología, las deficiencias en el abastecimiento de agua, así como la falta de obras de saneamiento y alcantarillado, el déficit de programas de acceso a viviendas y la planificación urbana, el nulo incentivo por las políticas públicas en el sector cultura, la débil administración de justicia, nuestro precario sistema de salud, el pésimo sistema de transporte, y el alarmante incremento del índice de criminalidad en el puerto del Callao (sicariato, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, robos, bandas de extorsión, cobro de cupos, la guerra entre organizaciones de construcción civil, entre otros).
Estás deficiencias-carencias en su mayoría llegan a desarrollarse por una falencia central, la cual tuvo que ser resuelta por el gobierno de la Provincia Constitucional del Callao (que poco o nada ha hecho en estos más de 20 años de continuismo político[2]). Este es el problema de la precariedad institucional. Enfrentar ese problema es un tema clave para el desarrollo del Callao, ya que nos permite desarrollar de manera eficiente las Políticas Públicas, que no es otra cosa que modelos de organización de relaciones sociales y económicas que va eligiendo una sociedad (fines colectivos), y estos van a ser materializados en el accionar del gobierno mediante normas.
En ese sentido, una forma de solucionar los problemas públicos es a través del manejo eficiente de las Políticas Públicas. Y es así como se ha elaborado el Acuerdo Nacional (2002), que es uno de los documentos en donde se definió los objetivos y las políticas de largo plazo de reforma del Estado, así como el desarrollo sostenible del país y la gobernabilidad democrática.
La Política Pública que tiene como mecanismo de acción a la Gestión Pública, la cual se encarga de conducir y administrar las organizaciones del Estado, garantizando su cumplimiento de manera eficaz y sostenible. Actualmente, tenemos un documento importante que define los lineamientos de reforma del Estado, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, documento con miras al Bicentenario, el cual plantea que la gestión pública moderna es “(…) una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano. Esto es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan –en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno– por entender las necesidades de los ciudadanos (…)”
Las persistentes deficiencias de la institucionalidad y los retos de coordinación limitan la capacidad del Estado para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, es así que las fases de aplicación de las políticas públicas no solo deben quedar en el diseño (como en los dos documentos señalados), sino que también debe cumplir con la implementación de la política pública y su seguimiento – evaluación (S&E), con la finalidad de asegurar la aplicación efectiva del nuevo sistema en todos los niveles, es decir poder alcanzar resultados.
Ahora bien, para su realización tenemos que considerar como uno de los componentes a la capacidad técnica de las entidades públicas, en relación a las capacidades de sus funcionarios y servidores públicos (capital humano), los cuales deben de ser los mejores técnicos-profesionales que conduzcan a la Administración Pública. Asimismo, otro de los componentes son las políticas adoptadas por los gobernantes, las cuales deben de ser viables y tienen que tener un mínimo de consenso entre los actores involucrados en la Política Pública (organizaciones sociales).
Por último, tenemos como componente de las Políticas Públicas a la sostenibilidad económica, y esto haciendo un repaso al modelo económico aplicado en nuestro país a partir de la década de los 90s en donde se le reconoce que ha tenido un crecimiento positivo en lo cuantitativo y cualitativo (evidenciándose en los índices macroeconómicos del INEI), pero no ha podido superar las carencias que se han descrito líneas arriba, y prueba de ello es que las estructuras políticas y económicas han estado al servicio de unos cuantos grupos de poder y no al servicio de la sociedad, esto como consecuencia del mal manejo de los recursos, pero también a que el “gasto social” es una expresión recusable para los partidarios de la Economía de Mercado.
Frente a ello, primero debemos de reconstruir y fortalecer la institucionalidad en las Entidades Públicas, que va de la mano con la legitimación de los ciudadanos. Esto implicaría modernizar la gestión pública de manera simultánea con los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores, ya que la fragilidad institucional, ha generado corrupción sistemática, y prueba de ello es el arraigo que el Perú tiene con la corrupción, decía Alfonso Quiroz, en su libro Historia de la Corrupción en el Perú “(…) ha estado íntimamente ligado a una tradición institucional y político, centrada en un poder ejecutivo patrimonial, que minaba los pesos y contrapesos necesario. Desde el patronazgo de virreyes y caudillos a las dictaduras autoritarias militares y cívico-militares, el presidencialismo sin controles mediante el gobierno por decreto, la democracia dirigida y los actos electorales oportunista, el Perú ha vivido un continuo de incentivos institucionales e informales a las ganancias corruptas”. (QUIROZ: 425).
El contexto en que vivimos, el caso Lavajato – Odebrecht, debe servir de insumo para fortalecer la institucionalidad, si no lo hacemos, habremos perdido otra vez, como en la dictadura de los 90s (Fujimori – Montesinos), la oportunidad de reconstruir nuestro país.
Segundo, el papel de los medios de comunicación, es de vital importancia, debido a su contribución al destape de la corrupción y su información pública. El trabajo que realiza el “cuarto poder” debe de servir como una herramienta de vigilancia para medir la eficiencia de la Administración Pública, y claro para que los ciudadanos puedan realizar sus opiniones y denuncias. Lamentablemente, en el caso del Callao, no se da la debida atención a las denuncias y la posible mala praxis de la gestión pública y política que realiza el Gobierno del Callao, y son muchas veces medios independientes que ayudan a destapar escándalos de corrupción.
Tercero, y ¿qué hacemos con la indignación ciudadana que está en contra del gobierno vinculado a actos de corrupción sistemática que impera en el Callao? A razón del débil marco institucional y el nulo sistema de partidos políticos, como hemos visto en las últimas elecciones, hay un archipiélago de agrupaciones políticas que se enfrentan al ya conocido partido político, ChimPum Callao, más no una agrupación sólida. Ese así como tenemos un débil debate, con propuestas superfluas y sin contenido, encontrando promesas cosméticas que ocultan las ganancias ilegales de unos cuantos escogidos. Es por ello, que debemos evitar la politiquería de las fotos, los paneles publicitarios con el nombre o la caricatura de algún personaje, el clientelismo o las injurias y calumnias a otros oponentes, que tienen como único objetivo el de ganar votos.
La comunidad Chalaca debe llegar a un consenso político, y comprometerse con la reconstrucción y fortalecimiento de la institucionalidad, y avanzar a partir de allí hacía un verdadero desarrollo del Callao ¡la corrupción no puede ser más la forma de hacer política en nuestro país!
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[1] Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-pbi-de-la-provincia-constitucional-del-callao-crecio-a-una-tasa-anual-de-64-8999/)
[2] Félix Moreno, actual gobernador del regional del Callao con orden de prisión preventiva por 18 meses, investigado por tráfico de influencias y lavado de activos, caso “Lava Jato en el Perú”.
Alex Kouri, ex alcalde del Callao, condenado a 5 años de prisión por colusión agravado, caso “Convial y peajes en Callao”.
