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Violencia y crisis institucional



                                       


El Perú está viviendo una crisis de valores que se puede observar en la espiral de violencia incontenible que vive a diario, en donde el Estado no da muestras solo de debilidad y de ausencia, sino de complicidad. Estamos pues en una época en la cual el país se está desinstitucionalizando aceleradamente, por tanto las normas se han relajado y/o se han derrumbado.

Ya nadie cree en la justicia y menos en los encargados de ejercerla, el Congreso está totalmente desacreditado, y ni que decir de la palabra de los líderes políticos que en estas elecciones discuten sobre cuál es el menos ladrón.

La vigencia de la Constitución de 1993 surgida del asalto al Estado de derecho por el fujimontesinismo debería estar llegando a su fin, con el presidente que firmó esta carta preso por ser autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Comprobada su  nacionalidad japonesa al postularse al congreso del Japón todos los actos firmados bajo esta carta resultan írritos, generándose con ello un grave impase constitucional. ¿En qué condición queda el Estado de derecho?

Por otro lado la presión social existente en rechazo a las normas impopulares, expresadas a través de los conflictos sociales en el interior del país, está haciendo colapsar el modelo societario neoliberal y de capitalismo salvaje que impusiera el fujimorismo y que los siguientes presidentes aceptaran sin modificación alguna, hubo uno que inclusive hablo de levantarle el segundo piso a este modelo.

La precarización del empleo, la salvaje entrega de la población a los apetitos económicos del capital extranjero, la educación de pésima calidad, la desindustrialización, la entrega de recursos naturales sin el mínimo de respeto a las normas ambientales junto con el narcotráfico que atraviesa de manera trasversal a todas las instancias del Estado han traído aparejados un debilitamiento de  los valores societarios que  sustentaban a la sociedad peruana, oscureciéndose así los roles y valores democráticos.

La ausencia del cumplimiento de las leyes debido a la enorme corrupción del poder judicial ha implicado el arrasamiento de la moral pública y familiar y de los valores cívicos. Para él criminal la posición social que ocupa se ha visto legitimada y alentada por la corruptela de jueces, fiscales, alcaldes  y gobernadores regionales, con lo que se ha disuelto el cerco o freno a la conducta antisocial y criminal.

 Ahora se ha vuelto común el sicariato juvenil, agregándosele a este también el asesinato político como el ocurrido hace unas semanas atrás en el Callao y por el cual la organización política que contrató a los criminales no ha hecho sus descargos ni autoridad alguna se lo han pedido tampoco, es decir esto es visto como natural,  los criminales ahora están en el poder..

La corrupción ha creado un vacío institucional que viene provocando conductas regresivas a las cuales ya no es posible detener bajo el amparo de esta Constitución. Urge pues una Asamblea Constituyente que cree una nueva organización con nuevos valores bajo el impulso de un nuevo poder que en forma voluntaria, acordada y concertada decida su futuro político, es decir el camino a una verdadera democracia, en donde el elector no sea timado en su voluntad soberana y en donde se respete su decisión política.


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