El
Perú está viviendo una crisis de valores que se puede observar en la espiral de
violencia incontenible que vive a diario, en donde el Estado no da muestras solo de
debilidad y de ausencia, sino de complicidad. Estamos pues en una época en la
cual el país se está desinstitucionalizando aceleradamente, por tanto las normas
se han relajado y/o se han derrumbado.
Ya
nadie cree en la justicia y menos en los encargados de ejercerla, el Congreso
está totalmente desacreditado, y ni que decir de la palabra de los líderes
políticos que en estas elecciones discuten sobre cuál es el menos ladrón.
La
vigencia de la Constitución de 1993 surgida del asalto al Estado de derecho por
el fujimontesinismo debería estar llegando a su fin, con el presidente que
firmó esta carta preso por ser autor mediato de homicidio calificado con
alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Comprobada su nacionalidad japonesa al postularse al congreso
del Japón todos los actos firmados bajo esta carta resultan írritos, generándose
con ello un grave impase constitucional. ¿En qué condición queda el Estado de
derecho?
Por
otro lado la presión social existente en rechazo a las normas impopulares,
expresadas a través de los conflictos sociales en el interior del país, está
haciendo colapsar el modelo societario neoliberal y de capitalismo salvaje que
impusiera el fujimorismo y que los siguientes presidentes aceptaran sin modificación
alguna, hubo uno que inclusive hablo de levantarle el segundo piso a este
modelo.
La
precarización del empleo, la salvaje entrega de la población a los apetitos
económicos del capital extranjero, la educación de pésima calidad, la
desindustrialización, la entrega de recursos naturales sin el mínimo de respeto
a las normas ambientales junto con el narcotráfico que atraviesa de manera trasversal
a todas las instancias del Estado han traído aparejados un debilitamiento de los valores societarios que sustentaban a la sociedad peruana, oscureciéndose
así los roles y valores democráticos.
La
ausencia del cumplimiento de las leyes debido a la enorme corrupción del poder
judicial ha implicado el arrasamiento de la moral pública y familiar y de los
valores cívicos. Para él criminal la posición social que ocupa se ha visto
legitimada y alentada por la corruptela de jueces, fiscales, alcaldes y gobernadores regionales, con lo que se ha
disuelto el cerco o freno a la conducta antisocial y criminal.
Ahora se ha vuelto común el sicariato juvenil,
agregándosele a este también el asesinato político como el ocurrido hace unas
semanas atrás en el Callao y por el cual la organización política que contrató a
los criminales no ha hecho sus descargos ni autoridad alguna se lo han pedido
tampoco, es decir esto es visto como natural, los criminales ahora están en el poder..
La
corrupción ha creado un vacío institucional que viene provocando conductas
regresivas a las cuales ya no es posible detener bajo el amparo de esta
Constitución. Urge pues una Asamblea Constituyente que cree una nueva
organización con nuevos valores bajo el impulso de un nuevo poder que en forma
voluntaria, acordada y concertada decida su futuro político, es decir el camino
a una verdadera democracia, en donde el elector no sea timado en su voluntad
soberana y en donde se respete su decisión política.
