#RecuerdosDeMiércoles: S/6 millones en capacitaciones fantasma

Desde mayo de 2017, el vicegobernador regional del Callao, Walter Mori, y otros funcionarios, vienen siendo investigados en dos casos por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, a cargo de la Fiscal Superior Titular del Callao, Yanet Vizcarra Choque. El delito que se le imputa es el de colusión agravada, que está sancionado con una pena no menor de 6 años ni mayor de 15 años.

Uno está referido al Comité de Fondo Administrativo Educativo del Callao (CAFED), en el cual Mori Rodríguez, en su condición de miembro de dicho comité del gobierno regional, presuntamente aprobó la exoneración del proceso de selección para la realización de dos eventos de capacitación dirigido a docentes del primer puerto, que no se habrían realizado, lo que generó un perjuicio de seis millones de soles al erario nacional

Según los hechos investigados por la Fiscalía, diversos funcionarios del CAFED, entre los que se encuentran Walter Mori y la gerente general, Verónica García Torres, habrían intervenido en la programación y ejecución de dos eventos de capacitación a docentes de la Región Callao en el año 2011, denominados “Formación de Formadores a nivel internacional en Liderazgo Educativo, Social y Desarrollo local de la Región Callao” y “Proyecto Puerto Lectura: Chalaco que no lee, se lo lleva la corriente”, con la participación de ponentes nacionales e internacionales. 

En este proceso, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao resolvió suspender a García Torres de su cargo de gerente general por dos años, es decir desde mayo de 2017 hasta mayo de 2019, porque según el Código Procesal Penal existe el peligro de obstaculización de la investigación. 

El otro caso que está con acusación ante el Poder Judicial en el Callao, está igualmente relacionado al CAFED, específicamente a la obra Instituto Simón Bolívar, ubicado en Bellavista. 

En este caso seguido contra Walter Mori y otros funcionarios, también se le acusa por el delito de colusión agravada en su calidad de miembro del Consejo Directivo de dicho comité, por presuntamente haber intervenido en el proceso de licitación pública y aprobado la ejecución de la obra en su integridad. Pese a ello, posteriormente los investigados aprobaron nuevos procesos de contratación para partidas ya ejecutadas y consideradas en la licitación, lo que habría generado un perjuicio aproximado de 900 mil nuevos soles a las arcas nacionales.

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